En el marco de la semana contra la pobreza, para resaltar el Manifiesto por la Fiscalidad, organizamos con Confer y la HOAC una mesa redonda sobre fiscalidad con la participación de  Jornada de una tarde consistente en una mesa redonda para tratar el tema. Fue organizada desde la Comisión General de Justicia y Paz junto con la Antena Africa‐ Europa Fe‐Justicia, CONFER y la HOAC, en el marco de la Semana contra la Pobreza en Madrid. Se celebró el 15 de octubre, a las 19:30 h. de la tarde, en los locales de la parroquia Nuestra Senora de las Angustias, sita en C/ Rafael de Riego 16, de Madrid.

En ella se puso de manifiesto que el sistema tributario español no recauda con criterios de igualdad y progresividad. Son los trabajadores y las pequeñas empresas las que sostienen la mayor parte del gasto público con sus impuestos, frente a grandes empresas y fortunas. Al mismo tiempo se producen recortes en la ya escuálida protección social existente en España.

Para tratar la reforma fiscal en España se contó con la participación de Julia Baena Álvarez de Quevedo, inspectora de Hacienda; María Jose del Río Torres, secretaria de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, FRATER España, quien se refirió a la situación y recortes que sufre este colectivo; e Ignacio María Fernández de Torres quien resaltó como la Iglesia Católica defiende que las finanzas públicas deben ir orientadas al bien común, basándose en los tres pilares de la verdad, la libertad y la justicia.

Manifiesto sobre la reforma fiscal (15 de octubre de 2014)

En España se acaba de aprobar la reforma de nuestro sistema fiscal. La fiscalidad es uno de los elementos primordiales del debate político porque sustenta las políticas públicas.  Los impuestos son la fuente fundamental de financiación de los gastos de las distintas administraciones públicas. La Constitución expresa claramente  en su artículo 31.1:
«Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio».


Ya a nivel mundial, el problema de la desigualdad fiscal, la corrupción y la existencia de paraísos fiscales es una de las causas de la endémica y trágica pobreza en la que viven la mayoría de los países llamados eufemísticamente "en vías de desarrollo".
El problema español  es igualmente grave: informes de organizaciones como Sustentia, Oxfam y Gestha, así como la relatora de las Naciones Unidas sobre la fiscalidad en España,  revelan que el sistema tributario español no recauda con criterios de igualdad y progresividad. Por el contrario, son los trabajadores y las pequeñas empresas las que sostienen la mayor parte del gasto público con sus impuestos, frente a grandes empresas y grandes fortunas.

Esto se produce en un momento en que en España hemos pasado desde 2008 de ocho a once millones de pobres, la pobreza severa se ha duplicado y la fractura social se acrecienta. Al tiempo que crecen la pobreza y la desigualdad en nuestro país, se producen recortes en la ya escuálida protección social existente en España. Como creyentes, sabemos que nuestra dignidad es ajada cuando negamos a nuestros semejantes, especialmente a los más débiles, la dignidad social o los derechos humanos básicos.
Estos recortes afectan de manera singular a la cooperación al desarrollo y generan una mayor desigualdad a escala mundial.

La  reforma fiscal aprobada por el Gobierno es, en realidad, una continuidad de las políticas fiscales de los últimos años. Es una pequeña «bajada de impuestos» a algunos de quienes soportan la mayor parte de nuestra fiscalidad (repetimos, asalariados, autónomos y pequeñas empresas) para seguir bajando más aún los impuestos a los que menos pagan aunque son los que más riqueza acumulan. No tiene nada que ver con la reforma fiscal que necesitaríamos para cumplir con el mandato constitucional y con la justa distribución de los bienes.

Necesitamos una reforma fiscal que afronte ante todo y sobre todo el enorme problema de la desigualdad que sufrimos y que se ha incrementado escandalosamente en los últimos años tal y como señala la OCDE; que persiga de verdad el fraude fiscal de quienes tienen más, que es enorme; que elimine todos los privilegios y mecanismos de «ingeniería fiscal» que facilitan eludir el pago de impuestos o defraudar a quienes más dinero y poder acumulan; que avance realmente en una fiscalidad progresiva, que acabe con la grave injusticia del gran peso de los impuestos indirectos, en particular del IVA, que castiga a quienes menos tienen porque pagamos todos por igual con independencia de nuestros ingresos... Necesitamos una reforma fiscal, en definitiva, que apueste de verdad por una redistribución real de la riqueza social, por fortalecer la solidaridad social y la justicia, que suponga ingresos suficientes del Estado para responder a las necesidades sociales de las personas... Porque los excluidos no pueden seguir esperando.

Por todo ello demandamos,

  1. Un sistema impositivo progresivo y generalizado, con una persecución eficaz de las bolsas de fraude.
  2. Aumentar en aras de la justicia y la equidad la presión fiscal efectiva que pagan las personas más ricas y las grandes empresas.
  3. Suprimir los privilegios fiscales de las SICAV.
  4. Incrementar los recursos materiales y humanos para la lucha contra el fraude.
  5. Reformar la tributación de las rentas de capital y hacerla homogénea y equitativa con el gravamen de las rentas salariales.
  6. Gravar la acumulación de riqueza: recuperar el impuesto sobre el Patrimonio, además de armonizar los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones.
  7. Incrementar el tipo de la Tasa sobre las Transacciones Financieras (TTF) y garantizar el destino de los fondos que genere a la cooperación al desarrollo.
  8. Evitar una mayor presión sobre la imposición indirecta (el IVA).
  9. Apoyar la creación de un sistema fiscal europeo e internacional.
  10. Crear una lista negra europea de paraísos fiscales con carácter vinculante.
  11. Reforzar la cooperación entre administraciones tributarias, para evitar que se bloquee el acceso y rastreo de información de actividades ubicadas en paraísos fiscales.

Todas estas medidas podrían contribuir a disminuir la desigualdad y garantizarían la financiación pública, suficiente y estable de los servicios sociales básicos de calidad y de la protección social de los grupos de población más vulnerables. Una reforma fiscal basada en la reducción de los impuestos directos para favorecer un mayor crecimiento económico dará como resultado inmediato una mayor desigualdad entre pobres y ricos. Tampoco es aceptable una reforma que proporcione menores recursos a la Administración para los servicios y prestaciones públicas. Una fiscalidad justa es un pilar imprescindible para lograr una sociedad más justa y cohesionada.

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